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La Guardia Civil pide que se investigue a Cifuentes por malversación y cohecho

Fue "partícipe y conocedora" del amaño en la adjudicación de la cafetería de la Comunidad de Madrid al empresario Arturo Fernández, que financió irregularmente al PP

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación “de antemano” de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 al grupo de empresas Cantoblanco, de Arturo Fernández, quien reconoció ante el juez de la Púnica que financió irregularmente al PP madrileño. El juez de la ‘Púnica’, Eloy Velasco rechazó imputarla por considerar que no hay relación entre esa concesión y el pago del empresario al PP.

 

La sombre de la corrupción se extiende ahora hasta la figura de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y artífice del descubrimiento hace unas semanas del ‘caso Lezo’ que ha dado con Ignacio González y una docena de persnas más en la cárcel por forrarse a través del Canal de Isabel II.

La Guardia Civil considera que Cifuentes favoreció al Grupo Cantoblanco para que lograra la adjudicación de los contratos, en vista de esos “importantes” donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación “directamente vinculada con el Partido Popular de Madrid” que sirvió para” financiarlo de manera encubierta” para pagar los gastos electorales “al margen de cualquier tipo de fiscalización”

Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación de la Asamblea en los años en que se realizaron esas adjudicaciones, que según el informe “se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones”.

Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona está Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) y que en la actualidad es aforada.

Cifuentes era miembro del comité de expertos y ejercía como presidenta de la mesa de contratación algo que a los investigadores les parece una “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación. La sitúa, además, como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria”, añade.

Arturo Fernández es uno de los acusados de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez Eloy Velasco cuando le citó a declarar como imputado.

Esos donativos (la UCO los cifra en 160.000 euros y el propio Fernández, ante el juez, los situó en 60.000) se produjeron en fechas próximas a la campaña electoral de 2007, en marzo de ese año.

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