La Asociación Provincial “Radio Tele Taxi”, en conversaciones con Ganemos Salamanca, ha mostrado su preocupación ante la ausencia de soluciones a problemas bastante más urgentes, «debido a la total falta de interés del grupo popular en el gobierno municipal por reglamentar su actividad y terminar con irregularidades y prácticas abusivas para los intereses de los trabajadores, dejación que favorece a los profesionales y las empresas con más recursos».
La demanda más acuciante atañe a los horarios de explotación. En Madrid, Bilbao o Burgos, se ha establecido un máximo de dieciséis horas por día y licencia. En Salamanca, hasta ahora, cualquier propietario de una licencia puede subcontratar los servicios de uno o más conductores, sin tener en cuenta un tope de horas trabajadas, días de descanso o retribuciones conforme al salario mínimo interprofesional. «Esta situación, no sólo es abusiva en relación a los derechos laborales, sino que comporta un riesgo para la seguridad vial. Del mismo modo, imposibilita la dinamización y flexibilización del mercado laboral dentro del sector y dificulta la conciliación familiar», indica Ganemos.
Considera que se está permitiendo que, tanto propietarios de licencias ya jubilados como grandes inversionistas alquilen una o varias de estas licencias de taxi a otras personas, que las explotan pero que obtienen un porcentaje mínimo del rendimiento de su trabajo, pues llegan con los propietarios a acuerdos privados.
Tampoco existe, por ejemplo, una reglamentación sobre criterios de vestimenta, higiene personal y del vehículo o normas para el trato con el cliente, a pesar de ser un servicio que se presta de cara al público.
Ganemos comparte la preocupación del gremio de taxistas y, a través de la portavoz Virginia Carrera, solicitó en la última Comisión de Policía, Tráfico y Transportes, tal y como ha venido haciendo la agrupación desde que llegara al Consistorio “que el Ayuntamiento acometa de una vez por todas la reglamentación de la actividad de los trabajadores y trabajadoras del taxi que, ante este tipo de prácticas abusivas, no sólo se encuentran en una total indefensión, sino que ven mermada su capacidad para trabajar con dignidad y en igualdad de condiciones”.
