Inicio Local Una empresa de la trama ‘Térmyca’ tiene dos contratos con la Diputación

Una empresa de la trama ‘Térmyca’ tiene dos contratos con la Diputación

  • CGI ha cobrado 3,1 millones de euros desde 2009 por servicios de apoyo a Regtsa
  • Esta empresa también está investigada en la trama ‘Púnica’ de sobornos en la Comunidad de Madrid

 

La Diputación de Salamanca mantiene desde 2009 una relación contractual con CGI, una de las dos empresas investigadas por la Guardia Civil en la trama ‘Térmyca’. Desde entonces, la institución provincial ha firmado dos contratos y sus renovaciones por 3,1 millones de euros. Uno de los once detenidos en la operación de la Benemérita, Blas Acosta, firma uno de los contratos con la Diputación de Salamanca.

 

La Diputación, en la que el PP mantiene la mayoría absoluta desde hace décadas, reconoció este miércoles su vinculación con esta empresa, desvelada por ‘Tribuna’, y asegura que los dos contratos en vigor se aprobaron “por unanimidad” de los miembros de la Mesa de Contratación y la “selección del contratista” se realizó “mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación” que no especifica.

CGI entró en la Diputación de la mano de Isabel Jiménez, pero renovó los contratos coincidiendo en el tiempo con algunos de los contratos presuntamente fraudulentos que investiga la Guardia Civil en otras provincias, ya bajo la presidencia de Javier Iglesias como presidente y de Chabela de la Torre como diputada delegada de Regtsa.

El inicio de la relación entre la Diputación y CGI (Coordinadora de Gestión de Ingresos), que también está investigada por su participación en la trama ‘Púnica’ de sobornos y contratos a dedo que indaga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en la Comunidad de Madrid, arrancó en 2009, siendo presidenta Isabel Jiménez, que luego cesó en el cargo en 2011 para ser senadora.

Servicios de Regtsa

Bajo su mandato CGI entró en la Diputación consiguiendo el contrato para gestionar parte de los servicios de Regtsa (Recaudación y Gestión Tributaria de Salamanca, que se encarga de la recaudación de los tributos de la mayoría de los pueblos de la provincia).

En 2009 consiguió el contrato para la prestación de servicios catastrales incrustando tres empleados en la sede del Regtsa. El contrato fue por tres años y se prorrogó por tres más ya bajo la presidencia de Javier Iglesias y con Chabela de la Torre como diputada delegada del Regtsa, por un importe total de 1,3 millones de euros más el IVA.

Este contrato volvió a ofrecerse en julio de 2015 por tres años y un coste de medio millón de euros (IVA no incluido), prorrogable por otros tres por el mismo importe.

Atención telefónica

 CGI también consiguió en 2010 el servicio de atención telefónica y gestión a través de Internet a los contribuyentes desde el centro de llamadas del contratista ubicado en Santa Marta, un chiringuito para atender llamadas de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes.

Este contrato expiró en 2014 y le costó a la Diputación medio millón de euros más el IVA. En mayo de 2014 se ofreció de nuevo y también se lo llevó CGI por cuatro años (en los que percibirá 0,78 millones más el IVA) prorrogables por otros dos.

LA TRAMA ‘TÉRMYCA’

La Guardia Civil investiga en la trama ‘Térmyca’ el presunto desvío fraudulento de fondos públicos por parte de un grupo de empresas radicadas en Cataluña dedicadas a la consultoría y a la gestión de cobros de tributos municipales.  

Las dos sociedades registradas por la Benemérita son las consultoras Efial y CGI, que según informa El Mundo en realidad forman parte del mismo conglomerado empresarial. Ambas tienen en común a varios miembros de sus consejos de administración. Efial ha cambiado de nombre y en la actualidad se llama Consultoría en Gestión Innovadora, y CGI (la que actúa en Salamanca) son las siglas de Coordinadora de Gestión de Ingresos SA.

La investigción se centra en Cataluña y se ha saldado, de momento con la detención de 11 personas, entra las que está Blas Acosta, que firma uno de los contratos en vigor con la Diputación de Salamanca, el registro judicial de 48 empresas y entidades públicas y 15 solicitudes de documentación a 23 ayuntamientos de España repartidos entre la comunidad catalana, Madrid, Baleares y provincias como Castellón, Huelva, Guadalajara y Granada.

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